Por Por Daniel Ramírez
En este texto se ofrece una reflexión acerca de la figura del Estado-gendarme y de su presencia en la sociedad mexicana, así como de las consecuencias que conlleva su permanencia en los cimientos de nuestra estructura. Primeramente, es necesario mencionar que el liberalismo surge en la era de las luces que impulsan precisamente las guerras liberales en Europa; luego influirían en las independencias en tierras americanas. Esto concebido desde el ámbito político puesto que se buscaba derrocar aquellos sistemas de gobernanza absolutistas como las monarquías y los imperios.
En lo económico, el liberalismo defiende el derecho a la propiedad privada, el libre comercio, la libre competencia y la libre contratación. Por consiguiente, se oponía al proteccionismo, la organización gremial (sindicalización) y a la intervención estatal. Para los liberales en el siglo XIX, el Estado debía encargarse exclusivamente de mantener el orden, proteger los derechos individuales, velar por la seguridad y asumir las obras de beneficencia.
En segundo lugar, observamos cómo la organización política del Estado reduce la función del gobierno a la sola tarea de vigilar el orden político externo. Se menciona la Ley Chapilier[1] que prohibía toda clase de asociación civil. Al derribarse los sindicatos, las instituciones religiosas de beneficencia, las asociaciones económicas y culturales de la estructura social, sobrevino la competencia desenfrenada con el triunfo de los más privilegiados y más poderosos.
El liberalismo entrega al hombre a su propia debilidad, lo mantiene como ente fungible, aislado y hostil ante toda forma de comunidad. Vemos, por ejemplo, cómo los campesinos han sido despojados de sus tierras, o los obreros explotados considerando su fuerza de trabajo como mercancía, otorgando el capital a quienes poseen los medios de producción y enriqueciéndolos en medidas desproporcionadas. El Estado-gendarme solo fungía (y funge) como un ente que vigila cual espectador de la injusticia social.
Dentro de la concepción política de Estado-gendarme, el propietario puede usar y abusar de su propiedad aun con menoscabo del bien común. El absentismo está a la orden del día. Los monopolios del orden económico liberal podrán prosperar a costa de la felicidad de quienes se hallan en situación de pobreza y de quienes conforman la fuerza obrera. El inmoderado lujo de unos cuantos florecerá sobre el pauperismo general. El Estado-gendarme se declara abstencionista, no intervencionista. Mientras tanto, el pez gordo (la minoría) sigue devorándose, dentro de la más estricta e injusta legalidad, al pez más chico (la mayoría). El carácter social y moral del mundo económico se ignora o se finge ignorar.
La falta de colaboración social, como consecuencia del individualismo desmedido, trunca el fin del Estado y menoscaba la función política de la autoridad. La justicia distributiva exigirá una igualdad proporcional. La proporción entre el débil y el fuerte, en los cambios privados y en los beneficios a cargas de la vida social, se instaura a partir del ocaso del Estado-gendarme.
En el Estado social de Derecho, a diferencia del Estado liberal de Derecho, colabora con la creación de las condiciones favorables para incrementar el nivel de vida de los más humildes, con el propósito de que todos gocen de educación, de salud digna y con ingresos económicos suficientes para la atención y la satisfacción de las necesidades más básicas e incluso de las de tipo cultural. Solo así se vive una vida plenamente humana. Para eso precisamente existe el Estado: gestor del bien público y no siempre gendarme.
En México, es necesaria la reforma radical del Estado, para restablecer y hacer vigente el Estado social de Derecho perdido. Este podrá ser reconstruido con base en nuevas leyes que en realidad beneficien a los mexicanos y no como ha pretendido ser; mediante legislaciones “hechas a la medida” por el Sistema Político Mexicano para beneficiar; casi en forma exclusiva, a las corporaciones e intereses de una oligarquía y clase política, que han secuestrado a la sociedad y han puesto en crisis al país.
En los últimos 36 años se ha implantado en México el modelo de desarrollo económico llamado “Neoliberal”, mediante la desregulación que protege a los más poderosos, económica y políticamente hablando, y basado en las practicas del liberalismo a ultranza, que supone la explotación del más débil, el desprecio a los aspectos sociales del desarrollo y del medio ambiente, para lograr mejorar a como dé lugar, sin escrúpulos ni consideraciones sociales y morales, el crecimiento económico (PIB).
Los resultados están a la vista, matizados por una “guerra” contra el narcotráfico que incrementó la delincuencia organizada y evidenció su vinculo con el gobierno. Todo esto; sin importar que afecte radicalmente la calidad de vida para la sociedad, asesinando y desapareciendo, a miles de ciudadanos; principalmente estudiantes opositores y jóvenes en la miseria que son fácil presa para ser enrolados con los narcotraficantes, y al mismo tiempo reprimiendo la libertad de expresión y a la información asesinando periodistas y manipulando los medios de comunicación.
La justicia en México para beneficio del ciudadano, en forma general y libre: no existe, ya que, al no haber separación de poderes, la impartición de justicia es manipulada y desvirtuada por el ejecutivo tanto federal como estatal. Quienes muchas veces “la realizan” mediante jueces de consigna y en muchos casos está a la disposición del mejor postor. Esto ha institucionalizado a la impunidad como uno de sus resultados e instrumentos más negativos.
En términos generales, muchos se han acostumbrado a la mentira, a la simulación y a las prácticas de corrupción que el mismo sistema instituyó; se han acostumbrado a ver con normalidad el enriquecimiento injustificable de muchos (la mayoría) de los miembros de la clase política y económica quienes gozan de la impunidad que da el poder sin límites. Servilmente, en la sociedad, se le rinde pleitesía al poderoso, sin importar su calidad moral ni el origen de su poder o riqueza.
Es un hecho que en México las concesiones que otorga el gobierno para proporcionar bienes y servicios a la sociedad; son en realidad “patentes de corso” para la explotación de la sociedad misma. El ciudadano ve angustiado como día con día tiene que pagar servicios deficientes y caros, lo que puede comprobar comparativamente con lo que se paga en el extranjero por esos mismos servicios. Esto comprueba la venta de dichas concesiones, la indefensión en la que se encuentra la sociedad y pone en evidencia que, lo que es prioritario para la clase política, es hacer negocio, y no buscar el bienestar de los mexicanos.
[1] La Ley Chapelier, del nombre del abogado bretón Isaac le Chapelier y promulgada en Francia el 14 de junio de 1791, en plena Revolución francesa, instaura la libertad de empresa y prohíbe las asociaciones y corporaciones gremiales de todo tipo. Es reconocida por su efecto de prohibir la libertad de asociación.
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