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Por decisión unánime, este martes se declaró como inconstitucional la penalización del aborto en México.
Esta semana inició con el debate en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la inconstitucionalidad de la penalización del aborto, específicamente en lo que se refiere a las legislaciones de Coahuila y Sinaloa. Sin embargo, con 10 votos a favor, es decir, por decisión unánime, el logro no fue solo para las mujeres de esos dos estados, pues la Corte declaró que la despenalización del aborto aplica en todo el país.
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, explicó que los alcances de la votación incluirán a los 32 estados de México, en donde las mujeres ya no podrán ser criminalizadas si deciden libremente interrumpir su embarazo.
“A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte, en los supuestos considerados por este tribunal”, expresó el ministro, quien agregó que esta votación histórica abre un camino de libertad, igualdad y respeto a las mujeres, además de ser “un gran paso en la lucha histórica por la igualdad y el ejercicio de sus derechos”.
La SCJN llamó a todos los jueces del país a seguir el criterio de inconstitucionalidad de la penalización del aborto, que, además, es retroactivo, por lo que las mujeres que actualmente cumplen una condena por la interrupción voluntaria del embarazo, podrían obtener su libertad.
Activistas y colectivas han celebrado la decisión de la Corte y la reconocen como un gran paso en la lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.
En México, solo cuatro de las 32 entidades federativas cuentan con legislaciones que regulen el aborto (CDMX, Veracruz, Oaxaca e Hidalgo). Si bien la declaración de inconstitucionalidad garantiza que las mujeres no sean criminalizadas por abortar, no garantiza que tengan acceso a interrumpir el embarazo de manera segura, lo que será ahora el gran pendiente en la materia. Se espera que, tras la histórica votación en el máximo tribunal, los estados realicen las legislaciones necesarias para que no solo no se criminalice, sino que toda mujer que así lo decida tenga acceso a los servicios de salud necesarios para un aborto seguro y digno.
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